RENUNCIA ANTICIPADA EN LA CEARV DE MORELOS

La Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV) entra en una etapa de transición tras confirmarse la renuncia de su titular, Penélope Picazo Hernández, quien dejará el cargo de manera oficial el próximo 1 de julio de 2026, antes de concluir el periodo para el que fue designada por el Congreso local.

La decisión, aunque presentada públicamente como una determinación personal vinculada a una nueva etapa en su vida profesional, ocurre en un entorno institucional complejo. La salida anticipada se produce a pocos meses de que concluyera formalmente su encargo, originalmente previsto hasta octubre de 2026, tras más de cuatro años al frente del organismo encargado de la atención a víctimas en la entidad.

El contexto de su renuncia ha estado acompañado por versiones sobre presiones internas y un clima de creciente tensión política. A ello se suman investigaciones abiertas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde se indaga la presunta existencia de irregularidades administrativas y posibles cobros indebidos relacionados con recursos destinados a víctimas.

Uno de los episodios que marcó la etapa reciente de la funcionaria fue su enfrentamiento con el fiscal anticorrupción estatal, Leonel Díaz Rogel. En distintos señalamientos públicos, la ex titular de la CEARV lo acusó de presuntas prácticas irregulares vinculadas al manejo de casos de reparación del daño, lo que detonó una confrontación abierta entre ambas instituciones.

En ese mismo contexto, también fue señalado el hijo del fiscal, Leonel Díaz Grajales, dentro de las denuncias presentadas por la entonces comisionada ante instancias federales. Sin embargo, la Fiscalía General de la República determinó que no procedía la investigación a nivel federal, al tratarse de hechos del ámbito local.

De forma paralela, la versión de la Fiscalía Anticorrupción sostiene que las acusaciones habrían surgido en medio de investigaciones internas contra la propia comisión, lo que habría intensificado el conflicto institucional. Este choque de versiones terminó por escalar en el debate público y en el entorno político del estado.

Antes de formalizar su salida, la funcionaria también habría manifestado inquietud por su seguridad personal y la de su familia, derivado de la exposición del caso. Su renuncia, que se hará efectiva el 1 de julio, coincide además con la conclusión de trabajos operativos pendientes dentro del organismo, lo que marca el cierre de una gestión que termina en medio de controversia y reacomodos institucionales en Morelos.